Hoy saco a colación un tema sobre el que escribí hace un mes para el diario Global CLM, y que aún no había tratado desde esta página. La crisis obliga a estudiar todas las opciones posibles, y esta cuestión fue tratada en parte en la famosa cumbre del G-20 en Londres, en la que se habló largo y tendido sobre los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero.
Éste es un tema ciertamente controvertido, que al parecer baraja el Gobierno español y ha estado estudiando la Fundación Ideas, afín al PSOE. La idea no es nueva, y de hecho no sería la primera que se realiza en España -ya se puso en práctica en la crisis de 1991, siendo ministro Carlos Solchaga- y no es un debate ajeno a países como Italia, Francia o Alemania, por ejemplo, que también lo están estudiando.
Sin embargo, entraña un riesgo moral, ya que los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones ven como de alguna manera se perdona a los defraudadores, con lo cual pueden tener la tentación de pasarse a este bando.
Cabría incluso un matiz adicional, habría que distinguir entre el dinero “negro” -no declarado-, y el dinero “sucio” proveniente de organizaciones ilícitas (mafia, narcotráfico, etcétera). No obstante, estas últimas suelen tener sus propios sistemas de blanqueo, así que probablemente no tendría una incidencia relevante.
La amnistía podría incluir tanto a los capitales internos -es decir, al dinero negro que se mueve en España, que podría superar los 200.000 millones de euros- como a los externos, es decir, a los que están en los llamados paraísos fiscales– que tienen, según las estimaciones, entre el 5% y el 12% del PIB mundial.
El afloramiento del dinero negro interno o la repatriación del externo tendría consecuencias beneficiosas para la economía –se podría utilizar para apoyar, por fin, a las Pymes-, además de conseguir que los planes de rescate no sólo sean financiados por las clases medias y bajas, sino también por las grandes fortunas (las cuales, en la medida en la que tengan este dinero negro, no están contribuyendo), eliminando de esta manera parte del riesgo moral.
La amnistía debería ir acompañada de otras medidas fiscales que eviten en la medida de lo posible dicha situación de evasión, tanto por la vía del control como con el establecimiento de un sistema impositivo equitativo que contribuya a la competitividad de España en el exterior, así como a evitar esta fuga de capitales del sistema.
